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DEMOCRACIA
ELECTRONICA O EN LA INFORMACION.
Antonio
García V. 20.12.2012
Internet
y las Comunidades Virtuales en el Escenario Político
Democracia Electrónica
Acceso a la información Legal, Económica
y de Gobierno
INTERNET
Y LAS COMUNIDADES VIRTUALES EN EL ESCENARIO POLÍTICO
Durante el año 2011, la revolución de Egipto
parece haber sido la consagración de internet y las
comunidades virtuales en el escenario político.
Sin embargo no es así.
Es solo un primer paso de la verdadera revolución en
el ejercicio de la Soberanía Ciudadana que se producirá
tan pronto se instaure la democracia electrónica.
El paso fundamental es el uso de la firma electrónica
en la convocatoria y la realización de plebiscitos
y en la proposición de iniciativas legales e incluso
constitucionales
Ello conducirá, como se expone con cierto detalle en
el presente Ensayo, a un escenario dramáticamente distinto
del actual.
Basta un solo ejemplo: cada autoridad podrá observar
a diario en el sitio web del propio gobierno cómo va
la convocatoria para la revocatoria de su mandato.
Entonces por fin comenzará a preguntarse qué
hacer para que quienes apoyan su destitución comiencen
a retirarse de la lista de los convocantes. ¡Cómo
hacer para conocer las necesidades de cada uno de sus electores
y atenderlas hoy mismo!
En ese momento entrará en la escena política
el CRM, paquete de software de marketing relacional que permite
determinar exactamente cuáles son los deseos de cada
cliente de una empresa y de cada uno de sus hijos, lo que
hará que la política y probablemente el bienestar
experimenten un vuelco considerable.
Entonces, por ejemplo, los estudios de Distribución
del Ingreso ya no serán por veintiles y se podrá
saber por fin cuál es la verdadera equidad o inequidad
de cada democracia.
Y no serán solo los expertos quienes lo sabrán
y podrán interpretarlo. Será cada ciudadano
que sin esperar un segundo se preguntará en qué
consulta, en qué plebiscito, en qué convocatoria
poner su firma para terminar con tanto abuso.
La “corteza política” habrá desaparecido.
DEMOCRACIA ELECTRÓNICA
Afortunadamente, casi todas las dificultades que en el pasado
impedían el ejercicio inmediato y eficaz de la soberanía
ciudadana, y que incluso hoy parecen existir, pueden desaparecer
en semanas mediante la habilitación de la democracia
electrónica.
Al efecto basta permitir, por ley, que el ciudadano pueda
hacer uso de su firma electrónica también a
los fines de ejercer la soberanía popular. Si puede
hacerlo para vender y comprar, ¿por qué no para
expresar su voluntad soberana?
Es necesario potenciar lo dispuesto en la legislación
vigente en cada país relativa a documentos electrónicos,
firma electrónica y servicios de certificación
de dicha firma, para permitir que los ciudadanos puedan expresarse
en forma gratuita mediante este instrumento en la recolección
de firmas para llamados a plebiscito por iniciativa ciudadana
y en la proposición de iniciativas legales e incluso
constitucionales.
Entonces se podrá hacer que los Municipios, comisarías
o cuarteles de policía, escuelas y sedes de juntas
de vecinos mantengan a disposición de los ciudadanos
procesadores de datos (computadoras) de modo que éstos
puedan ejercer su derecho a informarse, a conocer las organizaciones
sociales, a inscribirse en ellas, a pronunciarse sobre las
materias de interés ciudadano, a enterarse de los llamados
a plebiscito y otras consultas y sumarse a ellos. Y que esas
organizaciones procuren equipos y personal que permitan que
quienes carecen de la destreza informática necesaria,
pueden adquirirla.
Que cada Gobierno Central mantenga un “Sitio del Poder
Ciudadano (SPC)” donde cada ciudadano puede hacer propuestas
legislativas y constitucionales y convocatorias a plebiscito
y en el que se lleve un registro del apoyo que recibe dicha
propuesta, mostrándose o no la identificación
de quienes la suscriben, según haya sido el deseo expresado
por cada uno de éstos.
Que el Sitio muestre permanentemente cuántas firmas
faltan para que sea convocado el respectivo plebiscito y permita
que cada ciudadano, haciendo uso de su clave pueda verificar
que su apoyo ha sido registrado.
Y que los gobiernos estatales, regionales o autonómicos
cumplan con similar obligación de mantener un SPC.
La puesta en operación de un sistema de democracia
electrónica como el que aquí se propone tendría
un efecto tan revolucionario que resulta difícil de
imaginar la magnitud y diversidad de sus alcances.
Sería el comienzo de una democracia radical en la acepción
primaria de esta palabra: propia u originaria de las raíces,
de los ciudadanos, del soberano.
ACCESO
A LA INFORMACIÓN LEGAL, ECONÓMICA Y DE GOBIERNO.
Los ciudadanos tienen el derecho y la necesidad absoluta de
acceder oportunamente a toda la información legal,
económica y de gobierno que sea relevante para salvaguardar
sus intereses y para conocer en que dirección marcha
realmente la nación, lo que no es poco decir.
Solo habrá ejercicio de la soberanía ciudadana
si los ciudadanos tienen no solo el derecho nominal a hacerlo
y aún la obligación legal de hacerlo, sino la
posibilidad real de informarse.
El riesgo de hacer plebiscitos con ciudadanos desinformados
es evidente: solo servirían para legalizar o legitimar
planes, políticas o medidas fundadas en el engaño.
Es preferible no hacer plebiscitos que hacerlos consultando
a ciudadanos que no pueden saber qué hay detrás
de esas consultas.
Lo primero, lo indispensable, es honrar su derecho a estar
informados.
Es necesario que todas las Leyes, Decretos, Resoluciones y
Normas estén al alcance de los ciudadanos en forma
permanente y gratuita.
Por otra parte, es necesario fijar plazos perentorios a las
autoridades para entregar información a requerimiento
ciudadano o de parlamentarios y establecer la destitución
automática de la autoridad al vencimiento del plazo.
Estos plazos deben ser especialmente breves cuando la información
solicitada corresponda al texto de leyes, decretos y resoluciones
en tramitación, por cuanto siempre, en todo momento
es necesario conocer en forma exacta y oportuna qué
está fraguando el poder constituido
En un Anexo INFORMACIÓN
NECESARIA PARA EJERCER LA SOBERANIA CIUDADANA
se expone cuál es la información que debe estar
a disposición de la ciudadanía para que ésta
pueda ejercer su soberanía en forma efectiva.
Antonio
García V., (a) Darío Varela, es autor de:
“Stop
Gates now”, el primer libro que denunció
los delitos de Microsoft, fue parte del juicio en que el Juez
Jackson y luego la Corte Suprema de USA condenaron a la empresa
del delincuente Bill Gates por fechorías que incluyen
imponer el primer monopolio global y "retrasar el desarrollo
del software"
“Genserico,
rey de los vándalos”, novela histórica.
Investigación que demuestra que el desconocido rey
vándalo que dominó el mundo occidental durante
más de la mitad del Siglo V D.C. y que introdujo en
Occidente el feudalismo y la monarquía hereditaria
es el protagonista indiscutible de la transición Antigüedad
- Medioevo
"Democracia Política
y Económica", nueve casos de corrupción
durante el gobierno del Presidente de Chile Ricardo Lagos
Escobar, que suman varios millardos de dólares y un
Crimen de Lesa Humanidad: el secuestro y descuartizamiento,
aún impune, del testigo principal, Daniel
Figueroa de la Fuente.
“Apnea
del Sueño, remedio inmediato para un mal incurable”,
libro que enseña cómo resolver este grave problema
de salud pública y que denuncia los abusos de la industria
del CPAP, inútil y discapacitante dispositivo médico
que genera un mercado de cinco mil millones de dólares
anuales.
"LA
PAREJA, una multitud", poesía. 2004. Un canto
a la fuerza incontenible del amor.
“Creo
que, obligada a velar porque cada organismo
se combine con aquél que mejor garantiza y perfecciona
el florecer incontenible de la especie,
la naturaleza me exige que ponga los ojos en ti
y borra en tu ausencia
el sentido del resto de las cosas
para que en ese silencio
me vea obligado
a escuchar su llamado
vestido del encanto insoportable de tu voz”
Incluye un ensayo que demuestra que la pareja está
conformada por dieciocho personas, lo que determina su inestabilidad
"JUSTICIA".
2012. Drama acerca de la obligación de impartir justicia
que recae sobre los jueces. Advierte que su incumplimiento
incita al ciudadano a imponerla.
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