Archivo confidencial revela lista de pagos MOP-U. de Chile
El 13 de abril aparecieron los restos de un hombre que podría ser Daniel Figueroa, ex coordinador administrativo del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, y quien desapareció a fines del 2002. Figueroa -quien se habría suicidado- se encargó de ejecutar algunos convenios suscritos entre el Instituto y el MOP, entre 1996 y 1998, cuando Lagos era ministro. El dejó todos los movimientos documentados. Y sus informes -a los que La Tercera tuvo acceso- reflejan que se pagaron sobresueldos de manera irregular, con el mismo "ardid" utilizado en el caso Gate.
Hay un muerto"!- el grito del pequeño Jorge Lobos, de 12 años, petrificó las miradas de los hermanos Javier y Michell Bugeños, de 16 y 13 años, y retumbó en la pared rocosa del sector La Puntilla, de Pirque, a la altura del 5.000, la tarde del domingo 13 de abril. Atemorizados, los tres menores se acercaron a los restos. Con un palo levantaron un descolorido pantalón de tela color beige, pero al hacerlo un llavero cayó sobre las piedras, al lado de un cráneo.
El descubrimiento de las osamentas humanas apenas tuvo unas líneas en el periódico Puente Alto Al Día. Junto a los escasos huesos encontrados, la ropa y las llaves, efectivos de Carabineros de Pirque encontraron un carné de identidad. El nombre estaba en los archivos: Daniel Figueroa de la Fuente. Desde el 25 de diciembre del 2002 figuraba en los computadores de las unidades policiales entre la nómina de personas desaparecidas, bajo denuncia de presunta desgracia investigada por el Segundo Juzgado del Crimen de San Miguel. El 21 de diciembre había salido de su casa.
Lo que no sabían los uniformados es que este hombre de 62 años era el ex coordinador administrativo del Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, la persona que llevó la contabilidad y manejó al dedillo algunos de los convenios entre esa casa de estudios y el Ministerio de Obras Públicas desde 1995 a 1999. Menos aún, que era el hombre clave en el pago de sobresueldos a las autoridades de gobierno que hoy investiga la jueza Gloria Ana Chevesich y por el cual han sido procesadas 57 personas, entre ellas el ex ministro Carlos Cruz y dos ex decanos de Economía de la U. de Chile.
Tampoco sabían que Figueroa guardó un valioso registro bancario del Instituto de Economía, que revela que el MOP y esa casa de estudios consensuaron un sistema para cancelar sobresueldos a funcionarios de planta del MOP, al menos en 1996 y 1997, tal como se hizo con posterioridad a través del convenio con Gate y el Centro de Investigación Aplicada de la Empresa (Ciade), de la misma U. de Chile.
La evidencia
Los documentos guardados por Figueroa, a los que La Tercera tuvo acceso, contienen registros bancarios de dos cuentas corrientes del Instituto de Economía de la U. de Chile, en los años 1996, 1997 y 1998. Entre éstos existen detalles de la ejecución de algunos convenios suscritos en esas fechas con el MOP, entonces encabezado por Ricardo Lagos.
Además, en el archivo hay un libro de actas, escrito a mano, con el detalle de depósitos y giros de cheques, además de las cartolas bancarias que desmuestran, en la mayoría de los casos, que los documentos fueron cobrados.
Por otro lado, Figueroa respaldó con fotocopias algunos cheques, boletas, facturas, así como una serie de memorándums que intercambió con los funcionarios del MOP encargados de ordenarle a la U. de Chile la forma de utilizar los recursos de cada convenio, por los que la casa de estudios ganaba un 8%.
Los interlocutores de Figueroa fueron dos: el actual subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, y el ex jefe de Finanzas del MOP, Sergio Cortés, quien fue hombre de confianza de Cruz y actualmente está procesado. Ambos estuvieron a cargo de la ejecución del contrato como jefes de operaciones de Concesiones, cargo que Díaz ocupó en 1997 y comienzos del 98', fecha en la que fue reemplazado por Cortés.
Los documentos guardados por Figueroa lo convierten en el testigo clave de la jueza Chevesich. Pero él sigue desaparecido y existen presunciones que indican que estaría muerto. En todo caso, los antecedentes dejan claro que, al igual que en el caso Gate, se pagaron sobresueldos a través de trabajos que, al menos en algunos casos, no se hicieron.
El hecho no sólo atañe al entorno de Lagos en el MOP, sino que al círculo del rector Luis Riveros. Muchos de los personeros involucrados en la ejecución de este contrato, ya han sido procesados tras el cuestionamiento de otros convenios. Además, aparecen pagos a personas como Matías de la Fuente, ex asesor de Lagos, justo cuando el juez Rivera dio un paso temerario: procesó por fraude al Fisco también a quienes recibieron sobresueldos y no sólo a los que idearon el "ardid" detectado por Chevesich.
En este contexto, el gobierno cambió la línea que inauguró al iniciarse las investigaciones. Del "caiga quien caiga" expuesto el año pasado, se pasó al "caso a caso". Y luego de que el viernes 2 el juez Rivera ahondara la crisis procesando a actuales funcionarios de gobierno, La Moneda defendió su presunción de inocencia y apoyó una salida política para la crisis.
Fue una forma de adelantarse a revelaciones como ésta o a ampliaciones en la investigación judicial. Porque en Palacio saben que existen más antecedentes. De hecho, el archivo de Figueroa se refiere sólo a la relación del Instituto de Economía con el MOP durante un par de años. Pero hay más contratos.


Los puntos importantes del Mop-U. de Chile
Esquema Gate
Los documentos guardados por Daniel Figueroa, fechados entre 1996 y 1997, muestran una clara similitud en la ejecución de los convenios entre el MOP y esa casa de estudios, con la forma en que operó ese ministerio con la empresa Gate desde 1998 hasta el 2001.
Se trata de contratos de outsourcing para pagar honorarios y gastos generales, pero a través de los cuales también se cancelan sobresueldos a funcionarios de planta del MOP por proyectos que, al menos en algunos casos, no efectúan. Es decir, se repite el "ardid" detectado por la jueza Gloria Ana Chevesich en el caso Gate -por el que ha procesado a 29 personas- y por el juez Alejandro Rivera en el caso MOP-Ciade, quien procesó a 28 personas.
En los documentos hay detalles de un contrato por $ 1.008 millones y otros convenios por sumas menores, que -al igual que en Gate- se sellan con Concesiones. Además, queda claro que es el MOP el que ordena cómo gastar el dinero a la U. de Chile: hay memorándums de Guillermo Díaz o Sergio Cortés a Figueroa, pues este último era la contraparte del MOP en el Instituto de Economía. En el caso de Gate, las instrucciones las recibía el dueño de la empresa, Héctor Peña Véliz.

Sistema institucional
Los primeros días de abril, cuando la jueza Chevesich procesó a 22 personas en el caso MOP-Gate, el vocero de gobierno, Francisco Vidal, dijo: "A decisiones personales, responsabilidades personales".
Sin embargo, los memorándums guardados por Figueroa reflejan que entre el MOP y la Universidad de Chile se puso en marcha un sistema institucional para permitir el pago de sobresueldos.
Esto comprueba lo dicho por el ex ministro Carlos Cruz (PS) y otros de sus colabores, en el sentido de que la fórmula utilizada en el contrato entre el MOP y Gate es heredada. Y los papeles de Figueroa esclarecen que el sistema funcionó, al menos, cuando Ricardo Lagos encabezó el MOP, en 1996 y 1997.
En los registros aparecen personeros del entorno de Lagos, como el ex ministro Cruz, quien recibió pagos, o Sergio Cortés, quien dio instrucciones sobre cómo gastar el dinero. Ambos están procesados.
Además, aparecen nombres nuevos, como el del subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, quien autoriza y recibe pagos. Hay cheques para Matías de la Fuente, primo de la señora del Presidente, Luisa Durán, y ex jefe de gabinete del Primer Mandatario.

El rol de la U. de Chile
En el archivo de Figueroa queda claro el rol jugado por la Universidad de Chile y algunos personeros del entorno del actual rector, Luis Riveros, quien en esa época era decano de la Facultad de Economía.
Su amigo personal, Ricardo Paredes -procesado actualmente por negociación incompatible, fraude al Fisco y estafa- era en esa época director del Departamento de Economía y presidente del Instituto de Economía (este último cargo lo ocupó hasta mediados de 1997). En los documentos de Figueroa figuran pagos en favor de Paredes. Además, hay memorándums dirigidos a él sobre la ejecución del contrato. En septiembre de 1998, Paredes reemplazó a Riveros en el decanato de la Facultad de Economía.
Por otro lado, Armando Alvarez -colaborador del actual rector- era entonces director económico de la Facultad de Economía y, por ende, el superior de Figueroa. Hace dos semanas, la Contraloríalo suspendió de sus funciones como director económico de la rectoría, a raíz de un sumario sobre un contrato suscrito el 2001 entre el MOP y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), de la U. de Chile.

Hoyos negros
En el registro de la ejecución del contrato que Figueroa va construyendo mes a mes no hay claridad sobre el destino de algunos montos.
Uno de los detalles que llama la atención es una serie de pagos de asesorías. Son tres pagos catalogados como "traspaso a asesores", efectuados en 1996, cada uno por $ 4 millones 500 mil. Figueroa cumple con anotar ese movimiento de fondos. Pero no hay detalles respecto de quiénes ejecutaron la función y específicamente en qué ámbito.
Por otro lado, hay sumas que se entregan reiteradamente a algunos funcionarios de confianza, como Brunilda Gallardo, secretaria de Concesiones. Esta última recibe honorarios y, además, recibe 22 cheques por diversos conceptos ("caja chica", viáticos, fondos a rendir) por diversos montos, que fluctúan entre $ 30 mil y $ 696 mil.
Hay decenas de millones cancelados como gastos a rendir y no existe detalle sobre si se cumplió este último punto.
Además, al igual que en el caso Gate, el Instituto de Economía recibe pagos de consultoras que trabajan para el MOP, como CCP.

Fiscalización nula
El detalle de la ejecución del contrato -que Figueroa realiza cada mes- y los memos que este último envía o recibe desde el MOP evidencian la discrecionalidad existente para definir el uso de los fondos cancelados por el ministerio a la Universidad de Chile. Sobre todo, porque las decisiones son resorte de sólo dos personas: el jefe de Operaciones de Concesiones -Guillermo Díaz o Sergio Cortés, según el caso- y Figueroa.
Aunque existe un contrato por más de mil millones de pesos y otros convenios menores -estos últimos sin obligación de ser fiscalizados en su ejecución por la Contraloría-, este último organismo al menos tuvo que liquidar todos los convenios. Y no detectó las irregularidades cometidas.
En 1995, sin embargo, el organismo hizo un sumario donde cuestionó el pago de sobresueldos para 22 funcionarios, entre ellos Carlos Cruz, entonces encargado de Concesiones. Al informar sobre el resultado de la investigación a Lagos, el entonces ministro se comprometió a regularizar la situación. Sin embargo, los documentos reflejan que en los convenios con la U. de Chile se perpetuó la cuestionada práctica.

El 90% restante
El 1 de abril, cuando la ministra Chevesich procesó a 22 personas en el caso MOP-Gate y nombró a Lagos en el fallo -como el firmante de uno los convenios cuestionados en 1997-, dijo que sólo había avanzado en una décima parte de la investigación.
Hasta entonces, la jueza había investigado los contratos entre el MOP y Gate, suscritos entre 1999 y mediados del 2001.
Poco después se conoció el sumario efectuado por la Contraloría en 1995, donde se cuestionó el pago de sobresueldos a 22 funcionarios. Actualmente, la magistrada tiene esos antecedentes en su poder. Y los antecedentes sobre la Universidad de Chile -recopilados por el juez Rivera, quien le entregó el caso el viernes pasado a Chevesich- corresponden al año 2001.
Sin embargo, la ministra en visita no había logrado reconstruir lo ocurrido entre 1995 y 1999. En ese sentido, los documentos guardados por Figueroa son clave, pues cubren el período 1996 y 1997. De hecho, de no estar desaparecido, el ex coordinador de proyectos del Instituto de Economía sería un testigo clave para Chevesich. La nueva información es un eslabón que le faltaba a la jueza.

Implicancias legales
La ministra Chevesich tiene planeadas diversas diligencias futuras. Una de ellas es tomarle declaración al Presidente Lagos en calidad de testigo, pues dirigió el MOP entre marzo de 1994 y el 4 de agosto de 1998. Hasta ahora, en lo referente a ese período, la jueza sólo había cuestionado un convenio de 1997 y un contrato firmado con Gate en julio de 1998. Ahora, sin embargo, podría agregar estos nuevos antecedentes.
Además, la ministra sigue investigando si se cometieron otros delitos como enriquecimiento ilícito, pues en ninguno de los convenios ha logrado "cuadrar" las platas. Lo mismo ocurre en este caso, donde hay dudas sobre el destino de algunos fondos.
Estos antecedentes, además, podrían ampliar los procesamientos por fraude o estafa, pues existen nuevas personas que recibieron sobresueldos. Lo mismo ocurre en el caso de la negociación incompatible. Otra puerta que se abre tiene que ver con los "préstamos" realizados desde el Instituto de Economía al Ministerio de Educación, según consta en los documentos de Figueroa.
La jueza ya tiene planeado volver a interrogar a personas que aún no han colaborado con la investigación.
Registro explosivo
Los documentos que Daniel Figueroa guardó por seis años y a los que La Tercera tuvo acceso corresponden a:
Un libro de movimientos financieros del primer semestre de 1996.
Tres listas de pagos a funcionarios del MOP.
Más de 10 memos entre autoridades del Instituto de Economía y el MOP.
10 registros de la libreta general de banco de las dos cuentas corrientes del Instituto entre 1996 y 1998. Son la N° 3900350-3 del Banco de Santiago, y la N° 39000628 del Banco O'Higgins.
Cartolas de la cuenta del Banco de Santiago.
Decenas de copias de cheques del Instituto de Economía.
Boletas de honorarios de académicos de la Universidad de Chile.
Registros completos del pago de sueldos, sobresueldos, viáticos y gastos generales de Concesiones.
12 facturas de la U. de Chile por trabajos prestados al MOP por más de $ 185 millones y dos facturas a Educación por $ 25 millones.

Diario La Tercera, Mayo 11, 2003

María Octavia Rivas